¿Se hereda la tierra en Cuba? La sucesión mortis causa sobre la tierra agropecuaria en la nueva Ley No. 185 de 2026

La Ley No. 185 de 2026 introduce una de las transformaciones más significativas del Derecho Agrario cubano al regular de manera específica cómo se transmite la tierra y los bienes agropecuarios cuando fallece un campesino propietario.

¿Cómo puede transmitirse la tierra por causa de muerte?

La ley reconoce tres vías para la sucesión de la tierra y los bienes agropecuarios:

• Pacto sucesorio.
• Testamento.
• Sucesión legal o intestada.

Aunque estas formas de sucesión ya son conocidas en el ordenamiento jurídico cubano, la nueva norma incorpora reglas especiales para las tierras agropecuarias y forestales, complementando lo dispuesto en el Código Civil.

El pacto sucesorio: una de las grandes novedades

Uno de los elementos más innovadores de la Ley No. 185 es la incorporación expresa del pacto sucesorio como mecanismo para planificar anticipadamente quién continuará la explotación de la finca.

Mediante escritura pública notarial, el campesino propietario puede acordar quién heredará la tierra y los bienes agropecuarios cuando ocurra su fallecimiento.

Este pacto puede celebrarse:

• Con familiares que trabajen la tierra.
• Con familiares que asuman formalmente el compromiso de continuar la producción.
• Con personas no familiares que trabajen la finca o se comprometan a garantizar la continuidad productiva, cuando no existan familiares en esas condiciones.
• Con una o varias personas simultáneamente.

La continuidad productiva se convierte en un requisito esencial

La ley introduce un principio que atraviesa todo el régimen sucesorio agrario: la tierra debe continuar produciendo.

Por ello, el sucesor designado mediante pacto sucesorio debe:

• Mantenerse trabajando la tierra hasta el fallecimiento del propietario; o
• Asumir formalmente el compromiso de continuar la producción agropecuaria y forestal.

Incluso pueden establecerse condiciones específicas dentro del pacto, tales como:

• Cuidado y atención del propietario.
• Atención a otros familiares.
• Cumplimiento de determinadas obligaciones productivas.
• Preservación de la explotación agropecuaria.

El testamento recupera su rol sucesorio en materia agraria

Cuando no exista pacto sucesorio, la transmisión de la tierra puede realizarse mediante testamento.

La designación realizada por el testador es válida, siempre que se respeten los derechos de los herederos especialmente protegidos reconocidos por la ley.

La norma permite incluso compensar económicamente a estos herederos para garantizar la adjudicación de la tierra a la persona designada por el fallecido, favoreciendo así la continuidad de la explotación productiva.

¿Qué ocurre cuando no existe testamento?

Si el propietario fallece sin haber otorgado pacto sucesorio ni testamento, la tierra pasa a transmitirse mediante las reglas de la sucesión intestada.

En estos casos son llamados a heredar, según el orden establecido en el Código Civil:

• Hijos y demás descendientes.
• Padres y otros ascendientes.
• Cónyuge o pareja de hecho afectiva sobreviviente.
• Hermanos, sobrinos y tíos.

No obstante, la Ley No. 185 introduce criterios propios para determinar quiénes pueden adjudicarse efectivamente la tierra.

No basta con ser heredero: hay que garantizar la producción

Uno de los cambios más relevantes es que la adjudicación de la tierra se reconoce a favor de quienes:

• Ya trabajen la tierra; o
• Asuman formalmente el compromiso de continuar la producción agropecuaria y forestal.

Para ello deben presentar una propuesta que incluya:

• El trabajo que desarrollarán.
• La línea de producción.
• El financiamiento previsto.
• La fuerza de trabajo disponible.
• Los medios necesarios para garantizar la explotación.

Obligación de incorporarse a la producción

Los adjudicatarios no solo deben comprometerse a producir, sino que además tienen que incorporarse efectivamente al trabajo agrícola.

Como regla general, disponen de un plazo de seis meses desde la adjudicación para comenzar las labores productivas.

La ley regula situaciones especiales para:

• Personas menores de edad.
• Personas en situación de discapacidad.

En estos casos se establecen mecanismos de representación, apoyo o administración que permitan preservar la explotación de la tierra.

La tierra no debe fragmentarse

Otro aspecto importante es que la ley intenta evitar la excesiva fragmentación de las explotaciones agropecuarias.

Aunque la herencia pueda distribuirse entre varios herederos, la norma establece expresamente que:

Las cuotas hereditarias no implican la división física de la tierra que se explota como una unidad productiva.

Soluciones cuando los herederos no logran acuerdos

La ley fomenta el acuerdo entre los herederos para realizar la partición del patrimonio.

Sin embargo, cuando no exista consenso, la adjudicación puede realizarse judicialmente, teniendo en cuenta factores como:

• El trabajo desarrollado por cada heredero en la finca.
• Su disposición para continuar produciendo.
• El mejor aprovechamiento de la tierra.
• La función social de la explotación agropecuaria.

Asimismo, los herederos pueden designar un administrador que garantice la continuidad de la producción mientras se resuelve el proceso sucesorio.

¿Cuándo pasa la tierra al Estado?

La Ley No. 185 también establece los supuestos en los que la tierra se transmite directamente al Estado.

Esto ocurre cuando:

• No existen herederos ni legatarios.
• Todos los llamados a heredar son incapaces de suceder.
• Todos renuncian a la herencia.

En estos casos no resulta necesaria una declaración de herederos a favor del Estado para que opere la transmisión.

Protección de familiares y ocupantes legales

La nueva regulación incorpora además una protección especial para quienes conviven o trabajan legítimamente en la finca.

La ley reconoce expresamente los derechos que puedan corresponder a:

• Familiares convivientes.
• Personas que tengan domicilio efectivo en la tierra.
• Personas que trabajen legalmente la explotación.

Conclusión:

La Ley No. 185 de 2026 transforma la sucesión de la tierra agropecuaria en un instrumento orientado no solo a la transmisión patrimonial, sino también a la continuidad de la producción. El reconocimiento del pacto sucesorio, la prioridad otorgada a quienes trabajan la tierra, la exigencia de compromisos productivos y la protección frente a la fragmentación excesiva de las fincas revelan una política legislativa que busca equilibrar los derechos familiares con la necesidad de preservar la función económica y social de la tierra.

Para los campesinos propietarios, la nueva regulación ofrece una valiosa oportunidad de planificar con antelación el futuro de sus fincas y garantizar que el esfuerzo de toda una vida pueda continuar en las manos de quienes estén verdaderamente preparados para hacerlo.